El impacto económico de los pagos sin cumplir procedimientos en el Caso Antipulpo

En el juicio principal del caso de corrupción Antipulpo, en el que es uno de los testigos clave, el director de presupuesto, José Rijo Presbot, dijo que contratistas del gobierno violaron el procedimiento de liquidación entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2020. Se reveló que recibieron 20.900 millones. pesos. La deuda pública.

El funcionario, cuyo testimonio intentó sin éxito ser excluido por la defensa de los acusados, dijo que los pagos a las empresas fueron realizados por el Banco de la Reserva con la aprobación del exsecretario del Tesoro, Donald Guerrero.

Liho Presbot explicó que «no hay constancia» de los trámites necesarios para saldar las deudas nacionales y públicas relacionadas con estos fondos.

80 empresas fueron contratistas de la provincia de Oisoe y del Ministerio de Obras Públicas.

El principal acusado en el caso de corrupción es Alexis Medina, el hermano menor del expresidente Danilo Medina, quien fue favorecido por muchas instituciones públicas para contratos de construcción y ganó licitaciones de manera irregular, según el Departamento de Estado. solicitud rechazada

El Segundo Juzgado Federal del Distrito Nacional rechazó la solicitud de los abogados de los distintos imputados de la Operación Antipulpo, encabezados por los hermanos Alexis Magaris y Carmen Magaris Medina Sánchez, de no aceptar el testimonio del director de Presupuesto, José Rijo Presbot. .

Al rechazar la solicitud de la defensa en su fallo inicial, los magistrados reiteraron que no había base legal para excluir el testimonio.

La declaración del Sr. Presbot se produce después de que un juez dictaminara por segunda vez en un tribunal de apelaciones que su abogado no era competente.

Entre los opositores estuvo el diputado Alexis Medina, quien argumentó que Rijo Presbot es un profesor de matemáticas, no un experto en finanzas.

Las juezas Claribel Nival Arias, Issel Soto y Clara Sobeida Castillo dijeron que los cálculos eran tan extensos que ellos decidirían si sus declaraciones importaban en un caso de corrupción por malversación de miles de millones de pesos.