En las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024, Luis Abinader no compitió solo. Aunque su rostro y propuestas estuvieron vinculadas directamente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el mandatario fue respaldado formalmente por una coalición de 21 partidos adicionales, muchos de ellos con escasa representación electoral pero con alto valor simbólico y estratégico.
Esta alianza le permitió a Abinader presentarse como un líder de unidad y fortaleza institucional, logrando capitalizar más del 57% de los votos emitidos, una ventaja contundente que lo liberó de la necesidad de una segunda vuelta.
Pero la cooperación no fue gratuita. A cambio del apoyo y de ceder sus casillas electorales para que apareciera el rostro de Abinader en la boleta, los dirigentes de esas organizaciones políticas están siendo recompensados por el Estado, en una práctica que, aunque legal, reabre el debate sobre la institucionalidad y la transparencia en el reparto de poder.
Algunos de estos partidos, como el Partido Cívico Renovador (PCR), el Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Partido Demócrata Popular (PDP), entre otros, han visto cómo sus presidentes o figuras principales han sido designados en importantes cargos dentro del tren gubernamental, incluyendo direcciones generales, viceministerios, consulados y asesorías especiales en la Presidencia.
Además del reparto burocrático, también se les ha dado respaldo en las boletas congresuales y municipales, permitiendo que varios de sus miembros accedieran a regidurías, alcaldías, diputaciones y sobre todo, curules en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano regional donde muchos dirigentes políticos han sido colocados tras negociaciones directas con el PRM.
Esta estrategia ha sido calificada por analistas como un “pacto de conveniencia” donde los partidos pequeños logran subsistir a cambio de entregar su plataforma electoral y el gobierno, por su parte, construye una mayoría política casi invulnerable, tanto en el plano interno como en el escenario internacional.
