En alusión a los más recientes casos que han trascendido en los medios de comunicación, como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) reiteró que continuará ejerciendo, con independencia y rigor jurídico, todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos desviados en perjuicio del Estado dominicano.
“La defensa del patrimonio público no admite condicionamientos. Allí donde se verifique un perjuicio al Estado, habrá actuación procesal por parte del ERPP, sin importar fecha, período gubernamental o persona involucrada”, expresó el equipo coordinador integrado por Fernando P. Henríquez, coordinador general, Rafael Rivas y Manuel Conde, coordinadores de equipo.
Procesos con intervención del ERPP
El Estado dominicano se ha constituido en querellante y actor civil en diversos expedientes, entre los que cabe destacar Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, Operación 13 (Lotería) e Intrant.
“Estos procesos reflejan el compromiso continuo del equipo: no son enunciados, sino actuaciones concretas en las que el Estado, como víctima, querellante y parte civil, ha actuado para resguardar sus derechos”, refirió el ERPP.
“Actuaremos conforme al mandato presidencial conferido al ERPP para determinar responsabilidades y exigir el resarcimiento correspondiente al Estado” resaltó.
“El compromiso del Estado no distingue gobiernos. Allí donde se hayan detectado anomalías —sea en contratos de salud, educación, transporte u otros sectores— el ERPP seguirá impulsando acciones legales ante las instancias legales correspondientes, para que todo perjuicio comprobado tenga reparación efectiva”, enfatizó el ERPP.
Sobre el ERPP
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) es un colectivo de abogados creado mediante decreto y contratado por el Estado, con el mandato de impulsar acciones legales en procura de obtener el resarcimiento y la devolución de lo distraído en perjuicio de los intereses del Estado.
ERPP está integrado por más de veinte abogados contratados por el Estado, con la responsabilidad de representar sus intereses en los procesos de recuperación patrimonial y en las acciones resarcitorias derivadas de casos de corrupción administrativa.
