Con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena eliminar el requisito de afiliación política para que una persona pueda postularse de manera independiente a cargos electivos, el Congreso Nacional se encuentra en medio de un panorama marcado por la falta de consenso y un mar de opiniones divergentes.
La comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la viabilidad de esta figura, ha enfrentado debates intensos donde no ha sido posible establecer una línea clara sobre cómo implementar la disposición del TC. Algunos legisladores consideran que una modificación de las leyes electorales sería suficiente, mientras que otros entienden que sin una reforma constitucional, cualquier medida sería incompatible con la Carta Magna vigente.
La falta de unidad y dirección común en el Congreso ha ralentizado el proceso de adecuación legislativa. Mientras tanto, sectores de la sociedad civil y organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insisten en que el país necesita dar pasos firmes hacia la inclusión de nuevas formas de participación democrática, sin quedar atrapado en tecnicismos que limiten la voluntad popular.
