Por: Pedro Morales – Consultor en IA, automatizaciones y marketing digital con experiencia en gestión de crisis, director ejecutivo del grupo de medios La Nave Digital, fundador del periódico digital Liderazgo Noticioso y de la agencia de automatizaciones IA Liderazgo Digital MS.
¿Qué le queda a un gobierno que llegó al poder vendiendo justicia como producto electoral, cuando los tribunales empiezan a devolver el producto sin abrir?
La noche del 29 de mayo de 2026 la jueza Altagracia Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en la Operación Calamar. El Ministerio Público, con todos los recursos del Estado detrás, no pudo llevar pruebas suficientes para enviarlos a juicio. El principal acusado, el candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2020 y el exministro de la Presidencia más emblemático del gobierno de Danilo Medina salieron limpios. Legalmente, al menos.
Para el ciudadano que en 2020 votó por el cambio porque le prometieron que esta vez la corrupción tendría consecuencias, esa noche no fue un tecnicismo judicial. Fue la factura de una promesa no cumplida.
El discurso que construyó una victoria
El PRM no ganó las elecciones de 2020 únicamente por sus propuestas programáticas. Ganó, en buena medida, porque supo convertir la corrupción del PLD en el eje narrativo de su campaña. Los nombres, los casos, el Odebrecht, los contratos inflados, los funcionarios enriquecidos, todo aquello que se respiraba en los pasillos pero que nunca llegaba a una celda, fue empaquetado como evidencia de un sistema podrido que solo el PRM podría desmontar.
Esa promesa tenía una lógica implícita que el elector entendió perfectamente: si ganan, habrá presos. No solo investigados. Presos.
Seis años después, Donald Guerrero irá a juicio. Gonzalo Castillo y Peralta, no. Y el Odebrecht, que fue el caso símbolo de toda una era a lo largo y ancho de todos los países de América Latina, cerró sin una sola condena que le diera la razón al relato original. El andamiaje narrativo del PRM se está desmoronando en los mismos tribunales que presentó como su principal instrumento de cambio.
La ironía que nadie quería ver venir
Cuando en 2024 argumenté en distintos escenarios que sin presos del PLD la reelección del PRM podía complicarse, la oposición era tan débil que el argumento parecía irrelevante. Leonel Fernández y Abel Martínez juntos no llegaron ni al 40% de los votos. Abinader arrasó. El discurso de la justicia independiente se tambaleaba pero todavía funcionaba porque todavía había casos abiertos, investigaciones en marcha, la promesa intacta.
Pero el 2028 es otro escenario. Para esa fecha, la gestión de ocho años del PRM se evaluará con una pregunta incómoda ya formulada: ¿hubo algún preso del PLD por corrupción durante esta administración? Y si la respuesta es no, el argumento fundacional de su llegada al poder habrá quedado sin sustento.
La ironía mayor es que mientras los casos contra funcionarios del PLD además de que se hacen eternos, se van cayendo en los juzgados, el caso que tiene imputados en prisión preventiva con cargos que incluyen desfalco, soborno y lavado de activos no es el Calamar ni el Odebrecht. Es el caso SENASA con funcionarios nombrados bajo la propia gestión del PRM, con una estructura que según el Ministerio Público operó durante cinco años del gobierno actual, y con preguntas que nadie en Palacio ha respondido todavía sobre a dónde fue ese dinero.
Lo que el 2028 ya está leyendo
El elector que evalúa el próximo ciclo no necesita ser analista político para hacer la comparación. Ve que los acusados del PLD van saliendo. Ve que los funcionarios del PRM van entrando al sistema judicial. Y se pregunta si la diferencia entre los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora es una diferencia de principios o simplemente una diferencia de turno.
Esa percepción, una vez instalada, no la desmonta ningún discurso de campaña. Y el PRM lo sabe o debería saberlo.
¿Puede un gobierno terminar dos períodos sin un solo preso del partido que prometió encarcelar y seguir pidiendo votos con el mismo argumento? ¿Puede la justicia independiente ser el sello de una gestión cuando los casos emblemáticos terminan en no ha lugar? ¿Y si el único legado judicial de esta administración termina siendo los presos de su propio gobierno, qué le queda al elector del 2028 para creerle al siguiente que llegue prometiendo lo mismo?
