Catorce meses después de asumir sus cargos en los gobiernos locales, al menos 47 alcaldes no han presentado su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que otorga un plazo de 30 días hábiles para cumplir este requisito.
Entre las explicaciones esgrimidas por los ediles se citan fallos técnicos, problemas personales, y en otros casos, descuido o desinterés deliberado. Sin embargo, lo más preocupante no son las excusas, sino la ausencia de consecuencias legales o disciplinarias por parte de los organismos de control.
Uno de los casos más ilustrativos es el del alcalde de Monción, José Napoleón Espinal, quien admitió públicamente su falta: “Yo soy culpable, es una dejadez mía”, declaró, revelando que no ha presentado su declaración debido a que posee una finca rural sin papeles y una yipeta que aún no ha sido traspasada a su nombre.
La Cámara de Cuentas ha reconocido la situación, pero no ha emitido sanciones ni advertencias públicas, lo que genera preocupación en sectores que exigen mayor institucionalidad y rendición de cuentas en el nivel municipal.
