La fiscal titular, Rosalba Ramos, mostró su descontento con la garantía económica de cincuenta millones de pesos y presentación periódica como medida de coerción impuesta por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.
«La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set«, expresó Ramos a través de su cuenta de X.
